Manotazos A Los Fondos Previsionales

MANOTAZOS A LOS FONDOS PREVISIONALES

324 PAGINAS AÑO 2010

Al sancionar la Ley 26.425 (SIPA), la Argentina volvió a establecer el régimen de jubilaciones único de reparto. Con habilidad «maquiavélica» el Gobierno hizo votar el Presupuesto 2009 antes de dar el golpe de la estatización de los fondos de jubilaciones mantenidos en las AFJP bajo el amparo de la Ley 24.241

¿Por qué funcionará mal ahora y en adelante el régimen de reparto en la Argentina? Porque la experiencia mundial y factores demográficos incontrastables lo avalan. No por el supuesto capitalismo salvaje de las AFJP, sino -simplemente- porque se necesitan, por lo menos, cuatro aportantes por cada jubilado. En nuestro país la relación es de casi 1 a 1. Y ello porque la gente, en promedio, vive más y porque ha caído de manera constante la tasa de natalidad. Deliberadamente, éstos y muchos otros aspectos fueron ocultados o deformados en todo el proceso del despojo.

¿Cómo se “ajustan”, por lo menos transitoriamente, los sistemas de reparto tan malos como el argentino? Con estos cinco métodos ya probados en nuestro país: apropiándose de los fondos de las antiguas Cajas de Jubilaciones, subiendo los aportes, subiendo los impuestos, aumentando la edad para jubilarse, y cambiando las fórmulas de cálculo de los beneficios. Luego, y atropelladamente, expropiando los fondos de los afiliados a las AFJP. Siempre, el próximo gobierno será el obligado a recomponer los desastres de los anteriores y las generaciones futuras serán las víctimas.

Este último fue el culmen del desgobierno en que cayó el PEN, secundado por un parlamento obsecuente que, en alguna oportunidad reciente, admitió no haber leído el texto completo de las leyes sancionadas.

El libro pretende exponer, según nuestra particular visión, la vida, pasión, muerte y… eventual resurrección de un buen sistema de jubilaciones (mixto y privado), pero alertando que, para que en el futuro todo ello no esté sujeto a los avatares de las políticas del Gobierno de turno, debería ser objeto de una política de Estado, sustentada en preceptos constitucionales reconocidos, como lo formula y explica nuestro distinguido prologuista, el Dr. Gregorio Badeni.